Es común que, al intentar concretar un gran proyecto –ya sea iniciar un negocio, planear un viaje, realizar una fiesta, comprar una casa o un carro, etcétera–, o bien, ante una urgencia económica, recurramos a pedir un crédito o un préstamo de dinero. Sin embargo, debemos ser muy precavidos sobre a quién y en dónde lo solicitamos, ya que, desde el año pasado y, sobre todo, en los últimos meses, se ha identificado una nueva modalidad de fraude y extorsión. Se trata de los montadeudas, quienes se aprovechan de la necesidad de la gente, para cometer sus actos delictivos.
¿Qué son?
Básicamente, son prestamistas, pero ilegales; lo que quiere decir que no están respaldados por ninguna empresa formal o institución bancaria. En otras palabras, son personas que se hacen pasar por gente seria, que captan a sus víctimas, con condiciones atractivas, y sí otorgan el dinero, pero, al momento de cobrar, lo hacen a través de métodos inadecuados, como aumentos descontrolados en los intereses y, particularmente, el uso de violencia verbal y psicológica.
¿Cómo operan?
Mediante aplicaciones móviles que se pueden descargar, sin ningún problema, desde las tiendas de Android y Apple, con nombres extraños o poco conocidos (primera señal de alerta).
Lo ‘llamativo’ de estas apps es que, a diferencia de los bancos –cuyo proceso es más minucioso–, no piden requisitos engorrosos (segunda señal de alerta), como estados de cuenta, comprobantes de ingresos o avales, ni tampoco corroboran si la persona está en el buró de crédito o no. Lo único que aparentemente solicitan es el nombre completo del interesado, algunos datos personales y su número de cuenta. Una vez proporcionada dicha información, en cuestión de minutos, aprueban el préstamo y realizan el depósito del dinero (tercera señal de alerta). Ofrecen desde 500 hasta 200 mil pesos.
El fraude
Parte de que este tipo de delitos tenga éxito implica algo de responsabilidad del usuario; todo, por no leer, como se suele decir, la letra chica. Y es que, al momento de iniciar la aplicación por primera vez, como en todas, aparece un mensaje que indica que debemos aceptar los términos y condiciones de ésta; y por supuesto, los aprobamos sin haberlos leído. Este punto es clave y determinante, ya que, al dar check, les estamos concediendo a los criminales el acceso a todo lo que tenemos en nuestro teléfono, como contactos de WhatsApp y de redes sociales en general, agenda, fotografías, cámara, correo y otra información sensible y personal.
Entonces, después de algunos días de haber recibido el dinero –quizá, con suerte, un par de semanas–, representantes de la aplicación, que trabajan en call centers, empiezan a contactarse con los usuarios para exigirles el pago de la deuda, ya sea completa o el primer abono, con intereses exorbitantes de hasta el 200 %.
Es lógico que, para ese momento, aún no se tenga el dinero suficiente para dar el primer pago, con todo e intereses, ni mucho menos el monto total, por lo que se irán acumulando cargos exagerados por los retrasos. A esto, hay que agregarle que otorgan plazos cortos para liquidar, no mensualidades ni quincenas, sino escasos días, en los que, si no se cumple, la deuda va creciendo exponencialmente, volviéndose impagable. Sin dejar de mencionar que el porcentaje de las comisiones aumenta de forma arbitraria y sin conocimiento del usuario. Además, en muchos casos, a pesar de que la víctima sólo recibió la mitad o una parte del préstamo solicitado, las aplicaciones cobran como si lo hubieran otorgado completo. Por si fuera poco, también, se les debe pagar una cantidad por concepto del uso de la plataforma.
El primer problema de todo esto es que, al ser aplicaciones desarrolladas por empresas clandestinas, no hay un área de servicio al cliente, un teléfono, dirección de correo, perfil de redes sociales o domicilio en donde se puedan presentar quejas y aclaraciones. Los delincuentes tienen a las víctimas en sus manos, y como a éstas se les hace imposible pagar bajo las condiciones abusivas ya descritas, entonces, comienza la segunda fase del crimen: la extorsión.
Los cobradores comienzan a mandarle mensajes incómodos e insistentes al usuario, insultándolo y amenazándolo con exhibirlo en sus propias redes sociales, como un deudor y ratero. Incluso, le envían fotografías de él (tomadas de la galería de su teléfono), pero editadas con alusiones pornográficas, y le dicen que, si no paga, subirán tal material a internet o se lo harán llegar a sus conocidos.
El siguiente nivel de hostigamiento es incomodar a los contactos de la persona. Se comunican con ellos a través de WhatsApp, Facebook, Instagram u otro medio electrónico, y les dicen que los dieron como referencia o como avales al momento de solicitar el préstamo; de modo que empiezan a cobrarles y a acosarlos a ellos también. Lo alarmante es que pueden conectarse con amigos, familiares, compañeros de trabajo, jefes o clientes de la víctima, poniéndola en una situación todavía más comprometedora.
El nivel de estrés, preocupación y daño psicológico ocasionado en el usuario en este momento ya es tal, que puede llegar a manifestarse en enfermedades físicas o conducir a otros desenlaces fatales.
La intervención de la justicia
En agosto pasado, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron 12 cateos en varios inmuebles ubicados en cuatro alcaldías –Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa–, que funcionaban como call centers de las aplicaciones en cuestión.
De acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en dichos operativos, se incautaron más mil 500 tarjetas SIM de diferentes compañías telefónicas, 400 computadoras y varios celulares, utilizados para las labores de cobranza ilegal y extorsión. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que se desmantelaron alrededor de 100 aplicaciones; entre ellas, Flamingo Cash, OKrédito, Kampala, Listo Buy, Quick Money Pro, Mrs. Préstamo, Dinero Ya, José Cash, FusMoney, Aval Cred, Lana Hoy, Full Pago, Creditopia, por mencionar algunas.
El secretario agregó que, pese a que los call centers se establecían en la capital mexicana, eran controlados desde China y tenían alcance en otras entidades de nuestro país, como el Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro, así como en Colombia. Y aclaró que el dinero de los préstamos provenía del pago que otros usuarios hacían de sus deudas.
¿Qué hacer si se es víctima y qué pasará con las dudas?
Para la primera pregunta, lo primordial es bloquear todos los números de los que recibamos las amenazas y los mensajes inapropiados; luego, notificar a todos nuestros contactos acerca de la situación y pedirles que hagan caso omiso y que también los bloqueen. Si el acoso continúa, será preciso cambiar de número de teléfono y las contraseñas de nuestras redes y correo.
Enseguida, levantar una denuncia con la policía cibernética, al 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, desde la Ciudad de México; o llamar al (722) 275 8300, extensiones 12202, 12203, 12206 y 12207, desde el Estado de México. También, se puede pedir ayuda al 911 o comunicarse con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, vía WhatsApp, al número 55 5533 5533, para recibir asesoría jurídica y psicológica gratuita.
Para la segunda pregunta, Claudia Sheinbaum explicó que, luego del operativo, las víctimas ya no tendrían que recibir llamadas, ya que todo el equipo fue decomisado. Asimismo, las deudas desaparecen automáticamente, pues, al no estar sustentadas en ninguna institución formal, no existen.
Consejos para evitar caer
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda solicitar préstamos y créditos en empresas e instituciones formales, y asegurarnos de que la app que utilizamos sí pertenezca a ellas. Se pueden verificar las entidades registradas ante la comisión en su página web: condusef.gob.mx.
No dejarse llevar por las facilidades de préstamo ni por la aparente rapidez de aprobación. Como habrá visto, aunque los requisitos que piden los bancos u otras compañías sean engorrosos, sirven como una especie de seguro para ambas partes.
Finalmente, no descargar ni utilizar aplicaciones de dudosa procedencia. Un documento compartido por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México enlistó 679 apps de préstamo y cobranza fraudulentas que fueron identificadas, de las cuales, cerca de 277 siguen activas, mientras que las otras ya están deshabilitadas o no se encuentran. Sin embargo, esto es una estimación relativa, ya que, como explicó García Harfuch, algunas plataformas cambian de nombre e identidad gráfica, para no ser reconocidas y seguir operando de forma encubierta.
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